El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este jueves ante un tribunal federal de Nueva York para responder a nuevos cargos de conspiración para cometer torturas, presentados por la Fiscalía de Estados Unidos.

El juez Alvin Hellerstein fijó la audiencia para las 11:00 horas, tiempo local, con el propósito de abordar la acusación actualizada contra ambos, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos desde enero de 2026.

Los nuevos señalamientos fueron presentados la semana pasada y se suman a los cargos que ya enfrentaban por narcotráfico y otros delitos. La Fiscalía también amplió a Flores la acusación por narcoterrorismo, que anteriormente recaía únicamente sobre Maduro.

De acuerdo con la acusación estadounidense, ambos habrían participado en una estructura de represión que presuntamente recurrió a detenciones arbitrarias, amenazas y torturas contra opositores políticos, militares y otras personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Entre los actos descritos por los fiscales figuran golpizas, descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas prácticas formaban parte de un sistema utilizado para mantener el control político en Venezuela.

Maduro y Flores también enfrentan acusaciones de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Ambos han rechazado los cargos originales y mantienen su postura de inocencia.

La audiencia de este jueves permitirá abordar formalmente los nuevos señalamientos, mientras el proceso judicial continúa en Nueva York. El juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.

Además, el juez tiene previsto analizar el próximo 17 de noviembre una solicitud de la defensa relacionada con la inmunidad soberana, mediante la cual se busca cuestionar la jurisdicción estadounidense para procesar a Maduro y Flores.

La nueva acusación amplía el alcance del caso contra la pareja, que inicialmente se centraba en presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y ahora incluye señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Las imputaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.