Maine se convirtió en el octavo estado de Estados Unidos en aprobar medidas para limitar la cooperación de autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con nuevas restricciones al acceso de agentes federales a escuelas, hospitales, bibliotecas y viviendas.

Las tres leyes conocidas como “ICE Out” entrarán en vigor después de que la gobernadora demócrata Janet Mills permitiera su aprobación sin firmarlas. Las normas fueron impulsadas en medio de críticas a la política migratoria del gobierno de Donald Trump y tras la muerte del migrante colombiano Johan Sebastian Durán durante un operativo federal en Biddeford.

Una de las disposiciones, denominada “ICE fuera de la policía”, restringe la colaboración entre fuerzas locales y agentes migratorios al impedir que autoridades estatales retengan personas por solicitudes de ICE, las trasladen a centros federales de detención o compartan información sobre fechas de liberación sin los procedimientos establecidos.

Otra de las medidas limita el ingreso de agentes migratorios a escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas cuando no presenten una orden judicial. La norma también establece que estas instituciones pueden negar acceso a ciertos espacios o información protegida.

La tercera ley, conocida como “ICE fuera de nuestros hogares”, impide que propietarios entreguen información personal de sus inquilinos a la agencia migratoria sin una orden judicial y busca establecer protecciones ante posibles presiones relacionadas con operativos migratorios.

Con estas disposiciones, Maine se suma a Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, estados que han aprobado medidas para reducir la participación de autoridades locales en acciones migratorias federales.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes señalaron que las nuevas reglas buscan que las personas puedan acudir a servicios públicos, centros de salud y autoridades locales sin temor a consecuencias migratorias. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Maine afirmó que espera que las instituciones estatales apliquen las restricciones.

El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, había mantenido durante años limitaciones para realizar detenciones migratorias en lugares considerados sensibles, pero esa política fue modificada por la administración de Donald Trump tras su regreso a la presidencia en 2025.

Las nuevas medidas podrían generar disputas entre autoridades estatales y federales sobre los límites de cooperación en materia migratoria, mientras continúa el debate nacional sobre el papel de ICE y las políticas de aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos.