En un ambiente de tensión cívica y descontento institucional, cientos de ciudadanos marcharon este domingo en las calles de Morelia para manifestarse en contra del proceso de elección judicial promovido por el gobierno federal.

Bajo la consigna de un “Domingo negro”, los manifestantes recorrieron la avenida Madero, desde la fuente de Las Tarascas hasta la Plaza de Armas, vestidos de blanco y en completo silencio, portando pancartas que decían: “La justicia no se vota” y “No más captura institucional”.

Aunque esta movilización se replicó en otras ciudades del país, como Guadalajara y Ciudad de México, en Morelia cobró un sentido particular. Michoacán es una de las entidades donde la autonomía de las instituciones ha sido históricamente más frágil, y donde los ciudadanos conocen de primera mano los riesgos de un sistema judicial sometido a intereses políticos.

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“Esto no es democracia, es control disfrazado”, comentó un abogado que marchó acompañado de su hija. “La justicia requiere independencia, no popularidad. Someter a jueces y magistrados al voto directo es abrir la puerta a su manipulación”, añadió.

A diferencia del escaso flujo observado en las casillas, la marcha ofreció otra postal de la jornada: calles ocupadas por el hartazgo, no por la participación electoral. Para muchos de los asistentes, la elección judicial representa no una apertura democrática, sino un retroceso en la división de poderes.

La protesta transcurrió sin incidentes. No hubo bloqueos ni enfrentamientos, solo una expresión cívica contenida, pero firme. La escasa presencia de autoridades municipales o estatales fue también parte del mensaje: la marcha fue organizada, ejecutada y sostenida desde la sociedad civil.

En una entidad marcada por la violencia impune, la corrupción en los tribunales y los vacíos legales, la idea de entregar el sistema de justicia al vaivén electoral parece, para muchos, una temeridad. En ese contexto, la protesta de este domingo en Morelia no fue solo una muestra de inconformidad: fue un acto de defensa.