La versión de un supuesto complot político y criminal detrás del asesinato de Carlos Manzo llegó esta semana cargada de nombres, reuniones clandestinas y una presunta conspiración rumbo a 2027. Pero el elemento que debía darle mayor peso a esa historia sufrió un golpe inmediato. Anabel Hernández aseguró que parte de sus señalamientos provenían de información de inteligencia de la Secretaría de Marina; un día después, la dependencia negó que existan reportes institucionales suyos que respalden lo difundido y rechazó ser la fuente atribuida por la periodista.
Hernández planteó en Narcosistema una hipótesis mucho más amplia que la investigación presentada hasta ahora ante los tribunales. Sostuvo que el asesinato habría reunido intereses del crimen organizado con intereses políticos derivados del crecimiento de Manzo y de la sucesión por la gubernatura de Michoacán en 2027. En su relato, Hernández llevó los señalamientos hasta algunas de las figuras de mayor peso político de Morena en Michoacán. Hasta ahora no existe información judicial conocida que impute a ninguno de los tres participación en el asesinato de Carlos Manzo. La investigación que ha llegado ante jueces tampoco los coloca dentro de la estructura acusada de organizar el homicidio.
La acusación de Hernández fue todavía más lejos. Habló de una supuesta reunión en el Estadio Morelos, semanas antes del asesinato, en la que presuntamente habría comenzado a articularse el ataque. Alrededor de esa versión mencionó a distintos personajes políticos y criminales y sostuvo que el ascenso electoral de Manzo podía representar una amenaza para determinados intereses rumbo a 2027. El problema periodístico es fundamental. Una narración detallada no equivale a una prueba, y hasta este sábado no se han presentado públicamente documentos verificables, resoluciones judiciales o elementos de la investigación ministerial que acrediten esa reunión o una conspiración de los políticos mencionados.
La Marina intervino precisamente en ese punto. En una nota aclaratoria fechada el 7 de agosto negó que existan reportes institucionales que respalden lo expresado y rechazó ser fuente de la información atribuida a la dependencia. La precisión importa porque Hernández no presentó únicamente información procedente de fuentes anónimas, sino que otorgó a parte de su versión el peso de una institución federal de inteligencia que ahora desconoce públicamente ese respaldo.
Eso tampoco permite concluir automáticamente que cualquier posible móvil político esté descartado. Grecia Quiroz ha pedido públicamente que esa línea sea investigada, y cuestionar si existen más responsables forma parte legítima de un caso todavía abierto. Pero una cosa es exigir que se investiguen intereses políticos y otra muy distinta atribuir participación en un homicidio a personas concretas sin que exista hasta ahora una imputación ministerial conocida en su contra.
Lo que sí tiene actualmente una ruta judicial es otra cosa. Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, fue vinculado a proceso como presunto autor intelectual del asesinato de Manzo. Las autoridades lo ubican dentro de una estructura criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y la investigación sostiene que habría participado en la planeación del homicidio. El juez consideró suficientes los datos presentados para continuar el proceso, aunque la responsabilidad definitiva tendrá que establecerse mediante sentencia.