El secretario de Educación, Mario Delgado, rechazó las afirmaciones que señalan un mandato judicial que obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a aplicar la prueba PISA 2025, tras un amparo interpuesto por una asociación civil.

Delgado enfatizó que no existe ninguna medida jurisdiccional vigente que imponga la realización de dicha evaluación.

El lunes, el funcionario informó que México participaría en la prueba PISA 2025, aclarando que la decisión fue ratificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de mayo de 2024.

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Delgado detalló que en octubre pasado se realizó una prueba piloto en Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, con la participación de dos mil 273 estudiantes, y anunció que para la prueba principal, programada para abril y mayo, se prevé la participación de aproximadamente siete mil estudiantes en 321 escuelas de todo el país.

A pesar de su respaldo a la evaluación, el secretario subrayó las limitaciones de las pruebas estandarizadas como PISA para medir efectivamente el desempeño del sistema educativo, defendiendo la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que propone evaluaciones diagnósticas más adecuadas.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz Gómez, de la firma Cuatrecasas, contradijo a Delgado, afirmando que existe un mandato judicial, específicamente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que ordena a la SEP llevar a cabo los trámites necesarios para la prueba.

Ortiz Gómez enfatizó la importancia de centrar las decisiones en el bienestar de los estudiantes.