La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que el principio de soberanía nacional no debe ser utilizado como escudo para encubrir posibles actos de impunidad, al referirse al caso del mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la creciente tensión política entre gobiernos estatales y el debate sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

La mandataria panista planteó que, en caso de existir elementos de prueba suficientes, el gobierno mexicano debe actuar conforme a derecho y cooperar con las autoridades competentes, incluso si ello implicara su eventual entrega a instancias internacionales. Su postura se enmarca en el contexto de las acusaciones públicas y solicitudes de investigación que en meses recientes han involucrado al exgobernador sinaloense en señalamientos provenientes de autoridades extranjeras y denuncias presentadas en México.

Campos enfatizó que rechaza cualquier tipo de intervención extranjera en asuntos internos del país, pero subrayó que la defensa de la soberanía no puede convertirse en un argumento para frenar la aplicación de la ley o proteger a funcionarios señalados por posibles delitos.

“Fortalecer el Estado de derecho es la mejor forma de defender la soberanía”, ha sido la línea argumentativa reiterada por la gobernadora en distintos posicionamientos recientes, en los que también ha insistido en la necesidad de que las investigaciones se conduzcan sin sesgos políticos.

El tema ha escalado en el debate nacional debido a las acusaciones cruzadas entre fuerzas políticas, en las que mientras sectores de oposición han exigido acciones firmes contra Rocha Moya, desde el oficialismo se ha acusado a Campos y otros actores de promover discursos de intervención extranjera bajo el argumento de seguridad.