De enero del 2022 a la fecha, 20 mil 351 ciudadanos que viven en Morelia han tenido que realizar trabajo comunitario por haber cometido una falta vial, administrativa o no haber aprobado los operativos del alcoholímetro.

Lo anterior lo informó el encargado de despacho de la Comisión de Seguridad de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, quien detalló que esta cifra representa más de 53 mil horas de trabajo en favor a la comunidad.

Asimismo, refirió que de las más de 20 mil canalizaciones que se han hecho a través de las 22 instituciones con las que tienen convenio, 10 mil 200 son por faltas de tránsito, 6 mil 720 por temas administrativos como puede ser la alteración del orden público o riñas callejeras.

En tanto que aquellos ciudadanos que han sido sorprendidos en los operativos del alcoholímetro  conduciendo bajo los influjos del alcohol, los 3 mil 274 infractores y 86 se han presentado por voluntad propia.

Respecto a la labor comunitaria que realizan para saldar su falta, el funcionario explicó que puede ser desde la colaboración con alguna institución de asistencia privada como es el Banco de Alimentos, apoyar en la ciclovía dominical o trabajar en la recuperación de espacios públicos.

Por otra parte, Alarcón Olmedo puntualizó que, de los 20 mil 351 ciudadanos que fueron sancionados por el juez cívico con labor comunitaria, el 66.6% cumplió a cabalidad con lo dispuesto, el 19.8% se encuentra en proceso de hacerlo y el 13.7% no lo hizo.

En el caso de los incumplidos, el también comisario operativo señaló que sus datos quedan registrados en el sistema de la Policía Morelia, por lo que si vuelven a reincidir, ya no tendrán oportunidad de pagar su falta con trabajo a favor de la comunidad, sino que se harán acreedores directamente a una multa económica o a horas de arresto, dependiendo de la infracción que cometieron.

Abundó que, aunque son los mínimos, también se han presentado situaciones donde los sancionados buscan ofrecer un “moche” a las instituciones para que les condenen las horas que deben cubrir, pero celebró que manera inmediata se han reportado estos casos a la corporación.

A decir de Pablo Alarcón, con este modelo de justicia cívica se demuestra que las infracciones no son un tema recaudatorio, ya que argumentó que lo que se busca generar conciencia en la ciudadanía, promover la cultura de la legalidad y erradicar la reincidencia.