Persiste la criminalización del aborto en el estado de Michoacán; más de 50 mujeres enfrentan cargos penales por interrumpir el embarazo en los últimos dos años.

La Asociación Civil Humanas sin Violencia y la Red Interestatal por el Aborto Seguro denunciaron la persecución sistemática de los sistemas de salud y las fiscalías contra las mujeres a pesar de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de los últimos años.

La activista y defensora de los derechos de las mujeres, Circe López Riofrío, aseguró que en 2022 fueron 22 mujeres sometidas a carpetas de investigación, mientras que en 2023 fueron otras 21 mujeres que enfrentaron el mismo escenario.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que, de enero a agosto del 2024, se abrieron nueve carpetas de investigación por aborto en Michoacán.

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Ambas colectivas denunciaron públicamente a los servidores del sistema de salud del incumplimiento  de la Nom 046 como uno de los principales criterios para la atención de mujeres víctimas de violencia de tipo sexual. “Convirtieron la norma en un sistema de burocracia para no practicar los abortos a las mujeres violadas”, denunciaron ante la opinión pública.

En concreto, la Nom 046 establece que, en caso de embarazo por violación, una mujer puede acceder a un aborto médico-legal, sin necesidad de presentar una denuncia penal.

A pesar de la obligatoriedad de la misma, siguen encontrando resistencia y los criterios de médicos y enfermeras se siguen anteponiendo a la necesidad de la mujer.