Cientos de manifestantes salieron este viernes a las calles de Vila Cruzeiro, en el complejo de favelas de Penha, para exigir la renuncia del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, tras la redada policial más letal en la historia de la ciudad, que dejó más de 120 personas muertas.

La protesta reunió a residentes, activistas, familiares de víctimas, líderes sociales y representantes de distintos barrios de Río, quienes denunciaron el exceso de fuerza durante el operativo del martes pasado. De acuerdo con cifras oficiales, el saldo fue de 121 muertos, entre ellos cuatro policías, aunque la oficina del defensor público estatal reportó 132 fallecidos.

“Cobarde, terrorista, asesino. Sus manos están manchadas de sangre”, gritaban algunos manifestantes, quienes responsabilizan al gobernador -aliado político del expresidente Jair Bolsonaro- por las muertes y presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Las imágenes de decenas de cuerpos recogidos por los propios vecinos y colocados en una zona verde cercana han generado indignación nacional e internacional. Varias madres denunciaron que aún no han podido recuperar los restos de sus hijos.

La operación, en la que participaron cerca de 2 mil 500 efectivos policiales y militares, tenía como objetivo frenar la expansión de una organización criminal que mantiene presencia en el norte de la ciudad. Sin embargo, los enfrentamientos desataron un clima de terror en las comunidades, con vehículos incendiados, calles bloqueadas y comercios cerrados durante días.

“Esto es una desgracia para Brasil. Nada justifica lo que ocurrió”, expresó Leandro Santiago, habitante de Vila Cruzeiro.

Entre las pancartas destacaban mensajes como “basta de masacres” y “dejen de matarnos”, mientras muchos asistentes vestían de blanco en señal de paz.

El gobierno federal, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, negó haber desatendido la seguridad en Río y llamó a esclarecer los hechos, mientras organismos de derechos humanos exigieron una investigación independiente sobre el operativo.