La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados propuso la realización de un periodo extraordinario de sesiones para impulsar procesos de juicio político contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, así como contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios señalados en distintas denuncias presentadas ante el Congreso.

MC planteó que el objetivo del periodo extraordinario es reactivar expedientes que permanecen detenidos en comisiones legislativas, entre ellos los relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado, así como señalamientos por presunto uso indebido de recursos públicos y omisiones en materia de derechos humanos.

La diputada Laura Ballesteros, representante de MC, señaló que la solicitud incluye la instalación inmediata de la Subcomisión de Examen Previo, instancia encargada de analizar las denuncias de juicio político y determinar su procedencia antes de avanzar a etapas posteriores dentro del proceso legislativo.

MC sostuvo que las denuncias contra la titular de la CNDH han sido promovidas por colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han exigido atención a la crisis de más de 130 mil casos registrados en el país, así como una actuación más activa de las instituciones responsables de la protección de derechos humanos.

En el caso de los funcionarios de Sinaloa, las solicitudes de juicio político también incluyen señalamientos por presunta relación con hechos delictivos y manejo irregular de recursos públicos, de acuerdo con las denuncias presentadas por legisladores de MC en la Cámara de Diputados.

El grupo parlamentario indicó que el periodo extraordinario podría realizarse antes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, previsto para el 1 de septiembre, siempre que sea aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano encargado de autorizar sesiones fuera del calendario legislativo regular.

MC también señaló que en la Cámara de Diputados existen otros procedimientos de juicio político pendientes contra distintos servidores públicos, los cuales han permanecido sin resolución en comisiones, por lo que insistió en su desahogo legislativo.