La Policía Morelia opera alcoholímetros y operativos viales al margen de la ley. A pesar de los señalamientos, no cuenta con protocolos de detención, criterios de detección de alcohol en sangre, ni otros esquemas obligatorios para irrumpir en el espacio público.

A casi un año de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió la situación, los avances del municipio en torno a la instalación de protocolos en los alcoholímetros son mínimos.

El titular de la CEDH, Marco Antonio Tinoco Álvarez, señaló que se espera que a partir de la próxima semana se avancen en las propuestas presentadas por el municipio.

“Son dos temas que estamos trabajando con el presidente municipal. Hay algunos proyectos, vamos a retomar la siguiente semana las mesas de trabajo con Morelia”, explicó.

La institución gubernamental aún no publica en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el protocolo de actuación policial, los montos de las sanciones, ni la argumentación para detener a los ciudadanos.

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Aunado a lo anterior, aún no se transparenta la calidad, el tipo ni la fiabilidad de los dispositivos con los cuales se realiza la medición de los niveles de alcohol en sangre, por lo cual, a decir de la CEDH, las lecturas que llevan a prisión a miles de ciudadanos no son confiables.

Otro aspecto a considerar es la trazabilidad de los vídeos generados por las cámaras de solapa de los elementos policiales, los cuales, dice Tinoco Álvarez, tampoco cumplen con los protocolos para ser incluidos como parte de investigaciones o justificante para la sanción.

En el aspecto legal más del 90 % de los casos de ciudadanos que impugnaron la sanción del Ayuntamiento ganaron los juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.