Miles de menores migrantes que llegaron solos a Estados Unidos enfrentan el riesgo de perder la representación legal que los acompaña en sus procesos migratorios, luego de que vencieran los contratos del gobierno federal con organizaciones encargadas de brindar asistencia jurídica.

La situación afecta a cerca de 20 mil niños y adolescentes que dependen de estos servicios para enfrentar procedimientos ante tribunales de migración. Las organizaciones defensoras advierten que, sin abogados, los menores podrían quedar más expuestos a órdenes de deportación al no contar con apoyo para presentar sus casos.

Los contratos estaban vinculados a programas supervisados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Organizaciones legales señalaron que durante meses dejaron de recibir pagos y que la continuidad del servicio quedó en riesgo.

La administración del presidente Donald Trump propuso extender temporalmente los acuerdos bajo nuevas condiciones que incluían compartir información de los menores atendidos. Los proveedores rechazaron esa medida al considerar que podría afectar la confidencialidad entre abogados y clientes.

Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, señaló que la eliminación del programa podría dejar a los menores sin una defensa adecuada durante sus procesos migratorios. Lindsay Toczylowski, directora del Immigrant Defenders Law Center, afirmó que la falta de representación también reduce los mecanismos de supervisión en los procedimientos.

Ante la incertidumbre, organizaciones de apoyo legal pidieron una solución federal que permita mantener la asistencia jurídica para los menores no acompañados, quienes deben enfrentar procesos complejos en los tribunales migratorios de Estados Unidos.