El Gobierno federal concluye el presente año con una red de protección social sin precedentes que alcanza a 32 millones de personas en todo el país. Para sostener este esquema, la Secretaría de Bienestar destinó una inversión de aproximadamente 850 mil millones de pesos durante 2025, lo que equivale a poco más de 47 mil 162 millones de dólares. Esta política de gasto social ha mostrado una expansión acelerada y sostenida, considerando que en 2019 el presupuesto asignado era de 291 mil millones de pesos, acumulando un total de 4.5 billones de pesos invertidos entre el inicio de la administración y el cierre de este ciclo.

Durante su reciente comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó la incorporación masiva de nuevas derechohabientes, subrayando que desde el inicio del año un millón de mujeres de 63 y 64 años comenzaron a recibir su pensión, a las que se sumaron otros dos millones de beneficiarias a partir del 18 de noviembre. Dentro de la estructura de apoyos, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantiene como el programa de mayor cobertura con 13.2 millones de inscritos, seguida por el apoyo a personas con discapacidad que atiende a 1.6 millones de derechohabientes a nivel nacional.

El fortalecimiento de la política social no se limita a las transferencias directas, sino que ha diversificado su alcance con esquemas como el programa “Salud Casa por Casa”, el cual cerró el año con más de 10 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas. Además de los apoyos económicos para migrantes repatriados y mujeres, el horizonte financiero para 2026 ya está trazado con un presupuesto aprobado que alcanzará por primera vez el billón de pesos. Con estas cifras, el Estado busca consolidar la universalidad de los derechos sociales básicos y garantizar la continuidad de los beneficios para los sectores más vulnerables de la población mexicana.