El 5 de marzo de 2025, México expondrá ante la Suprema Corte de Estados Unidos sus argumentos para que se permita continuar la demanda interpuesta contra varios fabricantes de armas estadounidenses.

El gobierno mexicano acusa a esas empresas de prácticas negligentes que facilitan el contrabando de armamento hacia el crimen organizado en el país.

La audiencia fue anunciada por el máximo tribunal estadounidense tras la solicitud de compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, quienes buscan que se desestime la demanda presentada por México en 2021, que reclama 10 mil millones de dólares en daños.

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En su momento, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que entre 200 mil y 750 mil armas ingresan ilegalmente a México cada año, y que los fabricantes son conscientes de ello.

La demanda fue inicialmente desestimada en 2022 por un juez que citó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que protege a los fabricantes de responsabilidad por el uso de sus productos por parte de delincuentes.

Sin embargo, en enero de 2024, un tribunal de apelación revocó esa decisión, permitiendo que la demanda avanzara.

Los fabricantes de armas ahora buscan que la Corte determine si su producción y venta son responsables de los daños sufridos por México debido a la violencia de las organizaciones criminales, y si dichas prácticas pueden considerarse como una forma de “ayudar e instigar” el tráfico de armas.