En lo que va de la administración federal, las autoridades mexicanas han asegurado 18 mil armas cortas y largas en diferentes estados del país, la mayoría de ellas con procedencia de Estados Unidos. Este flujo de armamento extranjero se suma a las cifras registradas entre 2019 y 2024, cuando se rastrearon 145,986 armas en colaboración con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadounidense, de las cuales más del 66% tenían origen estadounidense.

Entre el armamento decomisado se encuentran 215 fusiles calibre .50 tipo Barrett, 20 lanzacohetes, 13 ametralladoras de diversos calibres y 273 lanzagranadas calibre 40. En cuanto a los cartuchos calibre .50 asegurados desde 2012, se contabilizan 137 mil unidades, casi la mitad provenientes de Estados Unidos.

El año pasado, el rastreo de armas alcanzó 25,884 unidades, de las cuales 18,249 tenían origen estadounidense, incluyendo tanto armas fabricadas como importadas legalmente en aquel país. Los estados con mayor concentración de armamento asegurado son Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

Aunque la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos permite el uso de ciertos calibres por parte de policías bajo condiciones específicas, la mayor parte de las armas de alto poder, como ametralladoras y lanzagranadas, permanecen bajo control del Ejército.

La trazabilidad de estas armas sigue siendo un desafío: en 2024, casi el 30% de las armas rastreadas no pudo ser vinculada con precisión a un país de origen debido a registros incompletos o números de serie alterados.

Expertos en seguridad consideran que el tráfico de armas desde Estados Unidos continúa siendo uno de los principales retos en México. Aunque la colaboración binacional ha permitido asegurar cantidades históricas de armamento, las autoridades reconocen la necesidad de reforzar los mecanismos para evitar que estas armas terminen en manos de grupos criminales.