El gobierno de México aseguró que defenderá sus exportaciones ante la propuesta de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 10 por ciento a productos mexicanos, medida planteada en el marco de una investigación comercial relacionada con el combate al trabajo forzoso.

La Secretaría de Economía informó este miércoles que continuará presentando argumentos técnicos y jurídicos para evitar que la propuesta avance y se convierta en una medida definitiva.

La iniciativa fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) como parte de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense. El procedimiento analiza a 60 economías por una presunta falta de acciones efectivas para impedir la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

Como resultado preliminar, Washington propuso aplicar un arancel adicional del 10 por ciento a las importaciones provenientes de México, Canadá, la Unión Europea, Argentina y Reino Unido, entre otros socios comerciales. Para otras 46 economías, la propuesta contempla un gravamen de 12.5 por ciento.

La dependencia mexicana subrayó que la medida aún se encuentra en una fase de consulta y no representa una decisión final. El proceso contempla un periodo de aproximadamente 45 días para la presentación de comentarios, análisis y negociaciones entre las partes involucradas.

Además, la Secretaría de Economía consideró que la propuesta forma parte de una estrategia de la administración estadounidense para sustituir mecanismos arancelarios previos que han enfrentado obstáculos legales. Entre ellos mencionó gravámenes impulsados mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), cuya aplicación fue limitada por resoluciones judiciales, así como disposiciones de la Sección 122 que concluirán su vigencia el próximo 24 de julio.

El gobierno mexicano expresó confianza en que las conversaciones bilaterales previstas para las próximas semanas permitan modificar la propuesta. Dichos encuentros se desarrollarán en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerado el principal marco regulatorio para el comercio en América del Norte.