El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad, ante el aumento de la población carcelaria y los problemas de sobrepoblación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el proyecto este martes y explicó que las nuevas instalaciones contarán con infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia, tecnología para bloquear señales de comunicación y módulos para clasificar a los internos según su perfil y nivel de riesgo.

Los centros también dispondrán de espacios educativos, capacitación laboral, servicios de salud y áreas deportivas, como parte de un modelo que busca combinar la seguridad penitenciaria con la reinserción social. Las obras están previstas para desarrollarse durante los próximos dos años.

Sinaloa será la primera entidad donde comenzará la construcción. El nuevo penal tendrá capacidad para 2 mil 640 personas y contará con recursos federales, en medio de los recientes hechos violentos registrados en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán, donde dos enfrentamientos dejaron 12 personas muertas, entre ellas un menor que se encontraba de visita.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el incremento de las detenciones durante su administración ha presionado la capacidad de los centros penitenciarios. Según lo expuesto durante la conferencia matutina, desde el inicio de su gobierno se han detenido alrededor de 70 mil personas.

La mandataria indicó que la construcción de los nuevos penales busca reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos. También precisó que los centros no serán operados por empresas privadas, sino por autoridades federales o estatales.

Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que se analizan alternativas legales para reducir la presión sobre las cárceles, incluida la posible liberación de personas procesadas por delitos menores, con especial atención al Estado de México.

La estrategia contempla ampliar los espacios disponibles y reforzar el control de los centros penitenciarios, donde las autoridades buscan impedir que grupos delictivos mantengan operaciones desde el interior.