El Gobierno de México defendió este lunes su decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del Perú, señalada por las autoridades peruanas como presunta coautora del intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Luego de que el gobierno de Dina Boluarte anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con México, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, explicó que la administración mexicana actuó conforme a los tratados internacionales en materia de asilo.

Velasco informó que la Cancillería mexicana entregó una nota diplomática al gobierno peruano solicitando el salvoconducto para que Chávez pueda abandonar el país y trasladarse a territorio mexicano, amparándose en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, la cual regula los procedimientos de protección a perseguidos políticos.

El funcionario recordó además que la Resolución 2312 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1967, establece que conceder asilo no constituye un acto hostil hacia otro Estado, y citó el artículo 11 de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho al asilo y refugio a personas que enfrentan persecución política o violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con el gobierno mexicano, Betssy Chávez argumentó ser víctima de persecución política y de irregularidades procesales durante las investigaciones en su contra en el Perú, por lo que solicitó protección a la embajada mexicana en Lima.

México reiteró que su decisión responde a su histórica política exterior de asilo y protección humanitaria, misma que ha sido aplicada en múltiples casos en América Latina y que, según la Cancillería, no busca interferir en los asuntos internos del Estado peruano.