México encabeza la lista global de países más peligrosos para funcionarios públicos locales, según el último informe de la iniciativa ACLED, que documentó 324 ataques en 2024, un aumento del 29 % respecto al año anterior.

La cifra supera incluso a naciones en guerra como Myanmar y revela un patrón de violencia persistente que afecta a alcaldes, concejales y empleados de gobiernos subnacionales.

Entre los casos más recientes figuran los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como del alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García.

La analista de ACLED, Sandra Pellegrini, advierte que los procesos electorales, la reorganización del crimen organizado y la disputa por territorios son factores que incrementan el riesgo, incluso fuera de periodos electorales.

Estados como Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Michoacán y Chiapas concentran la mayoría de los ataques, alimentados por la rivalidad entre cárteles y la presión a autoridades locales para favorecer intereses criminales.

En Chiapas, por ejemplo, casi la mitad de los atentados en 2024 se vincularon con inconformidades poselectorales. En Sinaloa, la pugna interna en el Cártel de Sinaloa ha intensificado los incidentes.

El informe concluye que México atraviesa una “guerra civil de cárteles” y que el Estado tiene “el poder, pero no el control” del territorio.

En América Latina y el Caribe se registraron 680 actos violentos contra funcionarios en 2024, el 47 % en México, lo que convierte al país en el epicentro regional de esta amenaza creciente contra los servidores públicos locales.