El Gobierno de México endurecerá su estrategia jurídica y diplomática para exigir justicia por las muertes de mexicanos ocurridas durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, anunció el canciller Roberto Velasco.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la dependencia solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias ante fiscalías estatales estadounidenses y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el objetivo de que se investiguen las circunstancias en las que han fallecido connacionales durante acciones migratorias o mientras permanecían detenidos.

Además de las acciones penales, México emprenderá demandas civiles contra las empresas privadas responsables de operar centros de detención migratoria, al considerar que existen condiciones que vulneran los derechos humanos de las personas bajo su resguardo. La Cancillería también exigirá que cesen las prácticas que ponen en riesgo la integridad de los migrantes.

Como parte de la nueva estrategia, el Gobierno mexicano solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los connacionales detenidos en instalaciones del ICE, y pedirá la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de que supervise la situación de los mexicanos privados de la libertad en Estados Unidos.

Las medidas representan un cambio en la postura del gobierno federal, que busca ir más allá de las notas diplomáticas enviadas a Washington tras las muertes de migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el objetivo es utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles para exigir responsabilidades y garantizar la protección de los derechos de los mexicanos en territorio estadounidense.

Desde el inicio de 2026, varios mexicanos han perdido la vida durante operativos migratorios o bajo custodia del ICE, una situación que ha incrementado la tensión entre ambos países. La SRE ha calificado estos casos como “inaceptables” y ha insistido en que las autoridades estadounidenses deben esclarecer cada fallecimiento, sancionar a los responsables y garantizar condiciones dignas para las personas detenidas.