México enfrenta rezagos en servicios de cuidados; organizaciones urgen a crear un sistema nacional
evangelio | 29 agosto, 2026

Organizaciones nacionales e internacionales pidieron al Gobierno de México acelerar la construcción de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, al advertir que la oferta de servicios e infraestructura continúa siendo insuficiente y que los programas existentes permanecen fragmentados.

El llamado surgió tras el cuarto Encuentro Nacional “El futuro de los cuidados en México”, realizado el 24 y 25 de agosto en la Universidad de Guadalajara, donde diez organizaciones plantearon la necesidad de articular políticas, servicios, presupuesto y responsabilidades para garantizar el derecho al cuidado.

Entre las principales brechas señaladas está la atención a personas con discapacidad. Datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados indican que nueve de cada diez personas con discapacidad no asisten a un centro de cuidados.

La situación también alcanza a las personas mayores. De acuerdo con las organizaciones, apenas 2 por ciento del total de servicios de cuidados existentes en el país está dirigido a este sector, pese al proceso de envejecimiento de la población mexicana.

Otro de los problemas identificados es la distribución desigual de las tareas. La falta de servicios suficientes mantiene una carga desproporcionada sobre las mujeres, quienes realizan una parte importante del trabajo de cuidados sin remuneración.

Para 2026, el gasto público de programas federales relacionados con la reducción del tiempo dedicado a estas labores, así como con su reconocimiento y redistribución, representa alrededor de 1.21 por ciento del Producto Interno Bruto. Las organizaciones consideran que los recursos actuales son insuficientes para avanzar hacia un sistema universal.

La propuesta contempla ampliar la infraestructura pública, fortalecer servicios para personas mayores y con discapacidad, impulsar modalidades de atención domiciliaria y móvil, y reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades, las familias y otros sectores.

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