Este lunes México inaugura lo que autoridades llaman una “nueva era” en su sistema judicial, con la toma de posesión de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hecho sin precedentes en la historia del país.

Más de 800 funcionarios, incluidos ministros de la Suprema Corte y magistrados electorales, asumen sus cargos tras los comicios del 1 de junio.

La elección estuvo marcada por la baja participación, apenas 13% del electorado, y por denuncias de irregularidades que habrían favorecido a candidatos cercanos al oficialismo de izquierda.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el proceso como el fin de un periodo “cuestionado por la corrupción y el nepotismo” en el Poder Judicial.

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Entre los nuevos integrantes destaca Hugo Aguilar, indígena mixteco y el candidato más votado, que asume la presidencia de la Suprema Corte, conformada por nueve integrantes, seis de ellos alineados con el gobierno.

Aguilar señaló que el tribunal enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana y acercar la justicia a todos los sectores de la población.

Sin embargo, activistas y opositores advierten sobre riesgos de captura política. Miguel Alfonso Meza, de la oenegé Defensorxs, alerta que al menos seis de los jueces electos tienen vínculos con la corrupción o el crimen organizado, entre ellos Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Meza advierte que algunos juzgados podrían convertirse en instrumentos al servicio de intereses políticos o criminales.