El gobierno de México mantiene un proceso legal contra la empresa británica Viva Enterprises Limited, a la que acusa de incumplimiento de contrato y engaño por no entregar 650 de los mil ventiladores médicos AEON VG70 adquiridos durante la pandemia de covid-19. El monto reclamado asciende a 41.1 millones de dólares más intereses.

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), antes Insabi, es el responsable de llevar el proceso judicial y confirmó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación desde 2021. “Nosotros no desviamos el recurso, hubo incumplimiento, hay un engaño por parte del vendedor”, dijo la funcionaria, sin descartar posibles sanciones a servidores públicos involucrados.

En Londres, el IMSS-Bienestar, representado por el despacho Peters & Peters, presentó una demanda ante tribunales mercantiles británicos bajo jurisdicción inglesa. De acuerdo con Buenrostro, se prevé una audiencia preliminar en diciembre y el juicio formal iniciará en enero de 2026, con una duración estimada de 14 días. “Es muy probable que ganemos el juicio, porque la materialidad del engaño se da en la no entrega de los ventiladores”, agregó.

El contrato firmado durante la emergencia sanitaria estipulaba la entrega de mil ventiladores en menos de una semana, por los cuales el gobierno mexicano pagó de manera anticipada mil 416 millones de pesos. Sin embargo, la empresa sólo regresó el equivalente a 300 unidades y entregó 50, dejando pendientes 650 equipos.

Durante la conferencia presidencial, Buenrostro también informó que el gobierno mexicano busca el resarcimiento de daños por parte de la empresa Philips, a la que acusa de haber entregado ventiladores defectuosos durante la emergencia sanitaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación, pues los equipos continúan vendiéndose en plataformas comerciales pese a haber sido retirados del mercado tras la pandemia.

Según explicó, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos emitió una alerta por esos modelos, que solo contaban con autorización temporal de uso durante la emergencia sanitaria. “La empresa tiene que responder porque son equipos que no funcionaron o no cumplieron con los requisitos”, sostuvo Buenrostro, quien señaló que el gobierno mexicano colabora con otros países para definir acciones conjuntas ante casos similares.