Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reservó la información sobre el intercambio de datos en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con otras naciones, pese a que el país forma parte activa del Grupo Egmont, la red global que facilita esta cooperación.
La decisión de no transparentar los detalles ocurre en un contexto crítico: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sus primeras acciones bajo la ley contra el fentanilo contra tres instituciones financieras mexicanas, Intercam, CIBanco y Vector, por presuntos vínculos con cárteles considerados como grupos terroristas.
Esta omisión también destaca en el informe semestral de actividades 2025 de la UIF, donde se evita mencionar el uso de la red segura Egmont, a diferencia de años anteriores.
Según datos previos, durante 2024 México realizó 216 intercambios de información financiera internacional, mientras que en 2023 fueron 276.
Te puede interessar: EUA aplaza sanciones a bancos mexicanos por lavado de dinero
En 2022, la UIF reportó 198 peticiones de 40 países, de las cuales 110 fueron dirigidas a Estados Unidos. A su vez, México respondió a 308 solicitudes provenientes de 47 países, con FinCEN encabezando la lista con 64 requerimientos, seguido por Andorra, España, las Islas Vírgenes Británicas y Suiza.
En el primer semestre de 2025, la UIF recibió 13.6 millones de reportes financieros a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el SAT.
Entre ellos destacan 4.8 millones de reportes por transferencias internacionales de fondos, 6.4 millones por operaciones relevantes y 8.4 millones de avisos por actividades vulnerables, incluyendo el manejo de dólares en efectivo por casas de cambio.
Especialistas como Genaro Gómez Muñoz, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, advierten que la falta de transparencia sobre estos intercambios podría debilitar la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros y generar dudas sobre el compromiso de México con los acuerdos multilaterales de inteligencia financiera.