El diputado José Miguel Alegría Gómez, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objetivo de fortalecer la protección del patrimonio de este sector mediante asesoría jurídica notarial y mayor certeza legal sobre sus bienes. La propuesta busca incorporar al gremio notarial como sujeto obligado en la aplicación de la ley.

La iniciativa plantea que las personas adultas mayores reciban orientación sobre la enajenación de sus bienes y los efectos legales del otorgamiento de testamentos, con el fin de garantizar decisiones informadas y libres de presiones externas. También contempla reforzar la función preventiva del notariado en actos jurídicos relacionados con el patrimonio.

En México, las personas adultas mayores representan aproximadamente 17 millones de habitantes, lo que equivale a cerca del 13% de la población total, y su número ha crecido de forma sostenida en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad.

Este sector enfrenta con frecuencia situaciones de vulnerabilidad que pueden derivar en abusos, despojo patrimonial o presiones para la transferencia de bienes mediante contratos o actos jurídicos, principalmente en el entorno familiar donde se concentran la mayoría de los casos reportados.

La propuesta también incluye medidas de inclusión para personas adultas mayores pertenecientes a pueblos indígenas, garantizando traductores o intérpretes en procedimientos legales relacionados con su patrimonio o testamentos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, donde será analizada como parte de los esfuerzos legislativos para fortalecer la seguridad jurídica y prevenir abusos patrimoniales en el país.