El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que sus conclusiones son “tendenciosas” y carecen de rigor.

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que el documento presenta una visión parcial del problema, al no tomar en cuenta la información actualizada ni los avances institucionales que, aseguran, fueron entregados previamente por el Estado mexicano.

Las autoridades sostuvieron que los señalamientos del comité no coinciden con la realidad actual del país ni con la propia definición de desaparición forzada utilizada por el organismo internacional. También defendieron que, en los últimos años, se han impulsado cambios legales y estrategias para atender este delito.

Entre las acciones mencionadas destacan la implementación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la creación de una base de datos de carpetas de investigación, una plataforma única de identidad y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, además de reformas construidas en conjunto con colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El gobierno subrayó que no tolera ni ordena desapariciones forzadas, aunque reiteró su disposición a mantener cooperación internacional, siempre que se base en diagnósticos que, a su juicio, reflejen con mayor precisión la situación del país.

La respuesta se da luego de que el comité de la ONU advirtiera sobre la gravedad del fenómeno de desapariciones en México, un tema que sigue generando tensiones entre organismos internacionales y autoridades nacionales.