El Gobierno de México rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el mecanismo que permitiría llevar la situación de las desapariciones en el país ante la Asamblea General del organismo internacional.
Durante su participación ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, cuestionó la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El funcionario sostuvo que el Estado mexicano no consiente ni tolera este delito y defendió las medidas implementadas por el Gobierno federal para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y los procesos de identificación humana.
Entre las acciones que expuso se encuentran el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las fiscalías, así como la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Medina Padilla también informó que más de 16 mil personas han sido localizadas durante 2026 mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras estrategias impulsadas por las autoridades.
La postura del Gobierno mexicano ocurre después de que el Comité contra la Desaparición Forzada solicitara que la situación del país sea examinada por la Asamblea General de la ONU, al considerar que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido como crímenes de lesa humanidad.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, explicó que la determinación se tomó tras analizar la información presentada por el Estado mexicano, así como las aportaciones de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles.
No obstante, el organismo aclaró que sus conclusiones no establecen que exista una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas.
El artículo 34 de la Convención contempla que el Comité pueda llevar ante la Asamblea General situaciones en las que existan indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas, con el propósito de promover la atención y la cooperación internacional.
Ante este escenario, el Gobierno mexicano defendió sus avances institucionales y reiteró su disposición al diálogo y a la colaboración con organismos internacionales para fortalecer las labores de búsqueda, identificación e investigación.