Por primera vez en la historia de México, un juzgado federal ha determinado que el gobierno mexicano cometió terrorismo de Estado en su lucha contra grupos guerrilleros, especialmente en el estado de Guerrero durante las décadas de 1970 y 1980.
La resolución judicial, presentada por la jueza Karla María Macías Lovera el 22 de agosto, ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar y perseguir penalmente a las autoridades civiles y militares responsables de esos actos.
Durante ese periodo, el gobierno federal implementó acciones de contrainsurgencia que resultaron en graves violaciones a los derechos humanos.
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Se documentaron desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, en particular mediante el uso de los llamados “vuelos de la muerte” desde la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero. Esos vuelos consistían en arrojar al mar los cuerpos de opositores tras haber sido sometidos a tortura.
La sentencia establece la existencia de pruebas que vinculan directamente a figuras como el expresidente Luis Echeverría Álvarez, así como a militares que aún están vivos y que participaron en esas atrocidades.
Entre ellos se encuentra el general Enrique Cervantes Aguirre, quien llegó a ocupar el cargo de Secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Ernesto Zedillo y que, en ese entonces, ostentaba el grado de capitán.
La juzgadora señala que ha habido omisiones y negligencia por parte de diversas administraciones gubernamentales en la investigación de esos crímenes, lo que permitió la perpetuación de un sistema de impunidad que ha caracterizado a los procesos de justicia en México.
La resolución identifica prácticas sistemáticas de violencia que incluyeron el bloqueo de suministros a comunidades, el desplazamiento forzado de poblaciones y la destrucción de comunidades enteras entre 1971 y 1984.