México logró reducir el número total de homicidios dolosos en 2025, pero la violencia no se distribuyó: se concentró. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siete estados concentran más del 50 por ciento de los asesinatos cometidos en el país, lo que revela un patrón geográfico persistente que ni los cambios de estrategia ni los despliegues militares han logrado romper.
Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 18,407 víctimas de homicidio doloso, con un promedio de 68 asesinatos diarios. De ese total, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán acumulan la mitad. Guanajuato por sí solo concentra 11.3 por ciento de los casos.
La lectura institucional resalta una reducción nacional de 32 por ciento en comparación con 2024, pero especialistas del Observatorio Nacional Ciudadano advierten que esta disminución se explica principalmente por la caída de conflictos entre grupos criminales en zonas fronterizas, no por un fortalecimiento de las capacidades locales de justicia.
En el caso de Michoacán, los datos oficiales reportan una baja ligera, pero el estado se mantiene entre los diez más violentos de México. Entre enero y septiembre se contabilizaron 1,127 homicidios dolosos, con picos de incidencia en Uruapan, Zamora y Apatzingán, municipios que encabezan la lista por tercer año consecutivo.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) advierte que Michoacán perdió 4.2 puntos en su índice de paz desde 2020, principalmente por el incremento en delitos violentos y la expansión del control criminal en corredores agrícolas y urbanos. La entidad ocupa el quinto lugar nacional en costos económicos derivados de la violencia, equivalentes al 10.5 por ciento de su PIB estatal.
El contraste es evidente: mientras el gobierno federal presume una tendencia a la baja en la cifra total de homicidios, los estados con mayor incidencia siguen operando bajo condiciones estructurales de impunidad. Según el Índice Global de Impunidad México 2024, menos del 22 por ciento de los casos en Michoacán derivan en sentencia.
El mapa se repite y el riesgo también. La violencia se hace más localizada, más precisa y más difícil de erradicar. Michoacán, aun sin encabezar la lista, sigue siendo termómetro del país: si ahí no baja la violencia, el descenso nacional no se sostiene.