La Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) de México aclaró que el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 cuenta con mecanismos legales que permiten gestionar el actual déficit de entrega hacia Estados Unidos. Ante las recientes tensiones diplomáticas, la Cancillería mexicana explicó que el pacto binacional incluye una cláusula específica para situaciones de “sequía extraordinaria”, condición que ha golpeado severamente a la cuenca del río Bravo en años recientes. Bajo este marco normativo, México dispone de un ciclo adicional de cinco años para saldar la cuota pendiente, extendiendo el plazo final hasta octubre de 2030.

Esta precisión técnica surge tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre la imposición de un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas si no se entregaban de inmediato al menos 246 millones de metros cúbicos de agua antes de concluir el presente año.

Trump acusó al gobierno mexicano de violar el acuerdo y de afectar directamente la viabilidad económica de los agricultores y ganaderos de Texas, quienes dependen del flujo del río fronterizo para sus actividades productivas.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los señalamientos de incumplimiento deliberado. La mandataria argumentó que el rezago en los volúmenes de entrega no responde a una falta de voluntad política, sino a la realidad climática de escasez hídrica que enfrenta la región. El gobierno mexicano sostiene que la prioridad es garantizar el consumo humano y el equilibrio ecológico en la zona fronteriza, mientras se utilizan las prórrogas establecidas en el tratado internacional para regularizar los adeudos sin comprometer la seguridad hídrica nacional.