El 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral sin precedentes: la primera elección nacional para designar a más de tres mil 400 jueces en todo el país.

Esta iniciativa forma parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal con el objetivo de democratizar el sistema de justicia, reducir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), más de 98 millones de ciudadanos están convocados a las urnas no solo para renovar cargos locales y federales, sino también para participar en la selección de jueces de primera instancia, magistrados de tribunales estatales y algunos cargos en tribunales federales.

La reforma fue aprobada en 2024 y ha generado un amplio debate en la sociedad mexicana. Sus impulsores argumentan que permitirá acercar el Poder Judicial al pueblo, promoviendo un sistema más representativo y confiable.

En contraste, diversos académicos, jueces en funciones y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre los riesgos de politización, falta de criterios técnicos en la elección de jueces y posibles conflictos de interés.

“El gran reto será garantizar que las y los votantes tengan acceso a información suficiente sobre los perfiles y trayectorias de quienes aspiran a cargos judiciales”, declaró Alejandro González, vocero de la organización Justicia Abierta.

Según datos de esta agrupación, solo el 43 % de los aspirantes ha publicado de manera completa su declaración patrimonial, trayectoria profesional y compromisos éticos.

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Otro punto de tensión ha sido la participación del Ejecutivo federal en la promoción del proceso.

Si bien la Constitución prohíbe el uso de recursos públicos para influir en elecciones, funcionarios de alto nivel han emitido mensajes llamando a votar por ciertos perfiles o promoviendo la idea de una “justicia del pueblo”, lo cual ha sido criticado por la oposición y algunos magistrados.

A horas de la elección, el ambiente político se mantiene polarizado. Mientras algunos sectores celebran la oportunidad de incidir directamente en la conformación del Poder Judicial, otros temen que se ponga en riesgo la autonomía judicial y la calidad técnica de las sentencias.

El INE ha confirmado que más de 160 mil casillas estarán habilitadas a nivel nacional y que se aplicará un protocolo especial para garantizar la transparencia del conteo de votos y la validación de resultados.

El resultado de esta elección podría marcar un cambio estructural en la justicia mexicana, cuyas consecuencias se proyectarán más allá del sexenio actual.