A pesar del crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) en el mundo, México aún carece de una estrategia nacional que regule su desarrollo y garantice tanto la innovación como la protección de derechos fundamentales.

Claudia del Pozo, directora de Eon Institute, advierte que “México no tiene realmente lo que se podría llamar una regulación de IA”, a pesar de que la tecnología ya está transformando sectores clave como la salud, la seguridad y la educación.

Hasta ahora, el país solo ha generado iniciativas aisladas. La única estrategia federal data de 2018 y no incluyó metas ni presupuestos concretos. Más recientemente, en el Congreso de la Ciudad de México, se presentó una propuesta para regular los deep fakes y los datos biométricos, pero su alcance es limitado y no ha avanzado.

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Esto contrasta con modelos como el de la Unión Europea, que ya clasifica los usos de la IA por niveles de riesgo, o el de Canadá, pionero en implementar una estrategia nacional en 2017.

México suma al menos siete años de rezago frente a países que ya han diseñado planes con inversión pública, laboratorios regulatorios y colaboración entre sectores. La falta de un marco legal no solo frena la competitividad, sino que expone a la población a posibles abusos.

Casos como el uso de algoritmos discriminatorios en Países Bajos o detenciones erróneas por reconocimiento facial en Estados Unidos revelan los riesgos reales de no tener mecanismos de supervisión adecuados.

Del Pozo insiste en que regular no significa frenar, sino establecer condiciones seguras para innovar. Para ello, México debe definir una visión de largo plazo, crear un órgano rector con capacidad de coordinación interinstitucional y establecer “sandboxes” regulatorios donde se puedan probar políticas antes de su aplicación a gran escala.