Según reportó Excelsior, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration ganó la demanda contra el Gobierno de México, obteniendo una indemnización millonaria tras la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de otorgar la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental para su proyecto de minería submarina denominado “Don Diego”.

Después de un litigio de cuatro años, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenó a México pagar 37.1 millones de dólares por incumplimiento de sus obligaciones bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Además de la suma, el laudo arbitral establece que el país deberá abonar intereses anuales basados en las tasas de los bonos del Tesoro de México, que rondan el 10 %, acumulándose desde el 12 de octubre de 2018 hasta que la indemnización sea saldada en su totalidad, detalla Excelsior.

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El CIADI también instruyó al gobierno mexicano a cubrir los honorarios de los árbitros y los costos administrativos generados durante el proceso arbitral, que se inició el 4 de septiembre de 2020.

Odyssey Marine Exploration argumentó que sufrió un bloqueo injustificado a su proyecto, alegando la falta de un trato equitativo y justo para sus inversionistas, además de señalar que la concesión minera fue efectivamente expropiada por medio de hechos.

Inicialmente, la empresa buscaba una indemnización que superaba los dos mil 300 millones de dólares, demanda que incluía intereses desde abril de 2016.

El proyecto “Don Diego” tenía como objetivo dragar el fondo marino del Golfo de Ulloa, en la costa del Pacífico Norte, para extraer fosfato, un tipo de chapopote altamente valorado como materia prima para la producción de fertilizantes.