En varias regiones de Michoacán, la oscuridad no es resultado del olvido, sino del control. En localidades de la Sierra-Costa, la Meseta Purépecha y la Tierra Caliente, el colapso o la ausencia de la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido sustituido por una alternativa alarmante: el crimen organizado ha comenzado a proveer energía.

No se trata de favores aislados, sino de una estructura paralela que instala postes, despliega generadores, controla paneles solares y regula quién puede o no acceder a la electricidad. En pueblos donde el Estado no ha garantizado lo básico, la luz también se convirtió en una herramienta de dominación.

Generadores criminales: la energía como control territorial

En municipios como Aguililla, Tepalcatepec o Arteaga, las familias que permanecen en las comunidades han comenzado a depender de generadores financiados o controlados por grupos armados. El uso de plantas de diésel o gasolina no está regulado, y su acceso está condicionado al aval de los jefes de plaza.

Los testimonios recabados en zonas serranas coinciden: si hay luz, es porque “alguien la pagó”. La CFE ha abandonado tramos completos de red, ya sea por falta de condiciones de seguridad o por daños estructurales no reparados. Y donde se corta la línea estatal, inicia el tendido clandestino del narco.

Postes sin contrato: la infraestructura que no existe en el papel

En comunidades de la región de Coalcomán, se han documentado postes nuevos y cableado improvisado que no figura en ningún plan federal ni estatal. Son instalaciones que surgen de noche, con mano de obra local forzada o pagada con favores. No hay medidores, ni recibos, ni reporte técnico. La electricidad fluye, pero no como servicio público: es poder en forma de voltaje.

En algunos casos, los mismos habitantes advierten que negarse a cooperar con estas instalaciones puede ser interpretado como desobediencia al grupo armado dominante. La electricidad, como otros recursos, ha sido criminalizada.

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Paneles solares: la modernización criminal del abandono

En pueblos más aislados, como en la región de La Huacana o la frontera con Guerrero, ha comenzado a registrarse una nueva estrategia: la distribución de paneles solares por parte de cárteles. A través de fundaciones ficticias o supuestas cooperativas, las células criminales entregan tecnología verde que reemplaza al Estado.

No se trata de filantropía: los paneles también funcionan como forma de vigilancia. Cada casa que acepta el “beneficio” queda identificada. Algunas comunidades denuncian que con la instalación también llega el reclutamiento o el condicionamiento: si hay energía, se debe algo a cambio.

El silencio de la CFE y la ausencia del Estado

Pese a las denuncias, la Comisión Federal de Electricidad no ha emitido un diagnóstico público sobre el abandono eléctrico en zonas de riesgo. En algunas regiones se han suspendido obras de mantenimiento por amenazas al personal, pero no se ha ofrecido una alternativa institucional.

La Secretaría de Energía tampoco ha presentado una estrategia para la recuperación de la red en regiones controladas por el crimen. Mientras tanto, las condiciones de vida se reconfiguran: escuelas que operan con plantas donadas por “el patrón”, clínicas iluminadas por el narco, familias que no pueden acceder al servicio si no pagan a los criminales.

La luz como territorio

El control de la energía revela un fenómeno más profundo: la sustitución progresiva del Estado por estructuras criminales que administran no solo la violencia, sino también los servicios básicos. La electricidad ya no es solo un derecho: es una forma de obediencia impuesta.

Y en los pueblos donde prender un foco significa callar o colaborar, la oscuridad se vuelve una forma de resistencia silenciosa.