La deuda pública de Michoacán, al considerar los compromisos financieros del Gobierno estatal y sus municipios, asciende a 22 mil 256 millones de pesos, un pasivo que mantiene obligaciones de pago para las administraciones públicas y condiciona parte de su manejo presupuestal.
El principal componente del endeudamiento corresponde a créditos bancarios de largo plazo contratados por el Poder Ejecutivo estatal, mediante operaciones de financiamiento y refinanciamiento con instituciones como Banobras y bancos comerciales.
Pese al monto acumulado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene a Michoacán en semáforo verde dentro del Sistema de Alertas de Disciplina Financiera.
Esta clasificación considera sostenible el nivel de endeudamiento y señala que no rebasa los límites de riesgo establecidos en relación con las participaciones federales.
Sin embargo, el marco financiero estatal tuvo modificaciones durante el primer trimestre de 2026, cuando el Congreso local aprobó una reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Michoacán para prohibir que las siguientes administraciones contraten nueva deuda pública de largo plazo.
La disposición busca limitar el financiamiento de futuros gobiernos a la liquidez disponible mediante ingresos propios y participaciones federales. La medida establece una restricción para adquirir nuevos compromisos financieros de largo plazo, mientras el estado mantiene una deuda conjunta de 22 mil 256 millones de pesos.