El gobierno de Michoacán puso sobre la mesa una reforma constitucional que podría cambiar la forma en que se realizan operaciones con terrenos en el estado. La propuesta, enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al Congreso local, plantea que el llamado Guardián Forestal una herramienta de vigilancia ambiental creada durante su administración, deje de depender del gobierno en turno y quede establecido en la Constitución.

La apuesta central es una: que cualquier compra, venta o regularización de predios rurales o agropecuarios tenga que pasar por una evaluación ambiental obligatoria. Según el mandatario, con esta medida se busca cerrar el paso a redes de especulación de tierras que operan en zonas rurales. La opinión ambiental estaría integrada directamente al Registro Público de la Propiedad para que quienes adquieran un predio conozcan de antemano si existe algún tipo de impacto o responsabilidad ambiental.

Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, explicó que la iniciativa pretende obligar al Estado no solo a sancionar daños ecológicos, sino también a prevenirlos y repararlos. Una de las novedades sería la incorporación de tecnología como geoprocesamiento y análisis de datos espaciales para tener un mayor control del uso del territorio y hacer la información accesible al público.

El documento fue entregado al diputado Abraham Espinoza Villa, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso. En el acto estuvieron presentes integrantes del gabinete estatal, autoridades de los poderes Judicial y Legislativo, así como representantes de sectores productivos y organizaciones ambientales que han seguido de cerca los cambios normativos en la materia.

La discusión ahora queda en manos del Legislativo, que deberá revisar si esta reforma representa un avance en la protección del territorio o si abrirá un nuevo debate sobre la regulación ambiental en temas inmobiliarios y agropecuarios.