En el marco de marzo, mes dedicado a la visibilización de los derechos de las mujeres, las cifras oficiales en materia de violencia de género vuelven a colocar a Michoacán bajo la lupa. El estado cerró el año pasado con 24 carpetas de investigación por feminicidio, lo que representa un incremento del 25 por ciento respecto al año previo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El aumento no es sólo estadístico. Refleja una tendencia persistente en la entidad, que desde 2019 mantiene declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en varios municipios. Morelia y Zamora continúan entre las demarcaciones con mayor número de casos, tanto por su densidad poblacional como por la concentración de denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado.

A nivel nacional, el feminicidio se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto social. Aunque en algunas entidades se han reportado ligeras disminuciones, el comportamiento en Michoacán contrasta con esa narrativa. El incremento del 25 por ciento implica no sólo más víctimas, sino también mayores exigencias institucionales en prevención, investigación y sanción.

Las cifras oficiales representan únicamente los casos clasificados jurídicamente como feminicidio. Otros homicidios dolosos de mujeres pueden no tipificarse bajo ese protocolo si no se acreditan los supuestos establecidos en el Código Penal, lo que abre debate sobre la correcta integración de las carpetas y la capacitación de ministerios públicos.

El contexto local añade complejidad. En municipios como Zamora, donde la violencia generalizada ha sido un factor estructural en los últimos años, los asesinatos de mujeres se insertan en entornos de inseguridad más amplios. En Morelia, aunque la tasa general de homicidios es menor en comparación con otras regiones del estado, los casos de feminicidio mantienen una presencia constante en las estadísticas.

Organizaciones civiles han insistido en que la discusión no debe limitarse al conteo anual. Señalan la necesidad de fortalecer medidas preventivas, atención temprana a denuncias por violencia familiar y órdenes de protección efectivas. De acuerdo con cifras nacionales, la violencia familiar continúa siendo uno de los delitos más denunciados y, en múltiples casos, antecede a los feminicidios.

El reto institucional también se mide en resultados judiciales. La judicialización oportuna de las carpetas y la obtención de sentencias condenatorias son indicadores clave para evaluar la efectividad de la respuesta estatal. Sin procesos sólidos, la cifra anual corre el riesgo de convertirse en un número más dentro de un ciclo repetido.

Marzo suele ser un mes de discursos, campañas y posicionamientos oficiales. Sin embargo, detrás de cada registro hay una historia truncada y una red familiar impactada. La estadística del 25 por ciento no es una variación abstracta. Es un llamado a revisar si las estrategias actuales están funcionando o si el estado necesita un replanteamiento profundo en materia de prevención y protección.