Con el objetivo de evitar que personas con antecedentes o posibles vínculos de riesgo lleguen a contender por cargos públicos, Michoacán contará con una Comisión Auxiliar encargada de revisar los perfiles de quienes busquen participar en procesos electorales locales y federales.

La medida fue aprobada por el Congreso del Estado y forma parte de un mecanismo de verificación que involucrará a instituciones de seguridad y procuración de justicia para analizar la trayectoria de las y los aspirantes antes de que sean registrados formalmente como candidatos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la nueva instancia trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Unidad de Inteligencia Patrimonial estatal para revisar antecedentes e identificar posibles riesgos relacionados con las candidaturas.

De acuerdo con lo expuesto, la comisión analizará la información de las personas propuestas por partidos políticos y candidaturas independientes, con el fin de detectar situaciones que pudieran comprometer la integridad de los procesos electorales.

Sin embargo, el mandatario precisó que las revisiones no impedirán automáticamente una postulación. En caso de encontrar observaciones o elementos de riesgo, la decisión final sobre registrar o no a una persona seguirá recayendo en los partidos políticos.

El mecanismo contempla además que las solicitudes de registro sean remitidas a una instancia nacional de verificación de integridad en candidaturas, con el propósito de fortalecer los filtros aplicados a quienes buscan ocupar cargos de elección popular.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que la eficacia de este modelo dependerá en gran medida de la disposición de los institutos políticos para entregar oportunamente los nombres de quienes integrarán sus propuestas electorales.

La Comisión Auxiliar estará conformada por tres consejerías locales, que tendrán la tarea de supervisar el proceso de revisión y dar seguimiento a los trabajos de verificación. Con ello, las autoridades estatales buscan fortalecer la confianza ciudadana en los próximos procesos electorales y reforzar los controles sobre quienes aspiren a representar a la población desde un cargo público.