El Congreso de Michoacán abrió el debate sobre un tema que hasta hace poco parecía ajeno a la agenda legislativa: la salud menstrual como factor de derecho escolar.

Una diputada local presentó una iniciativa que busca que las alumnas puedan justificar hasta dos días de inasistencia al mes cuando enfrenten dolores menstruales incapacitantes, conocidos médicamente como dismenorrea.

La propuesta surge en un contexto donde, según datos de la Secretaría de Salud federal, cerca del 70% de las adolescentes y mujeres jóvenes en México han reportado síntomas asociados a cólicos menstruales severos, con efectos directos en el rendimiento académico y laboral. Sin embargo, la ausencia de normativas claras suele dejar a las estudiantes entre el estigma social y la falta de respaldo institucional.

De aprobarse, Michoacán se convertiría en uno de los primeros estados en el país en reconocer el impacto de la salud menstrual en la vida escolar, un paso que activistas consideran no solo una medida de justicia, sino también un giro en la forma de hablar de la menstruación en el espacio público.

“El derecho a la educación también implica condiciones dignas para ejercerlo”, subrayaron colectivos feministas consultados tras la iniciativa.

La discusión no está exenta de resistencias: algunos legisladores opositores advierten sobre el riesgo de que se generen ausencias injustificadas, mientras asociaciones médicas piden que la medida venga acompañada de diagnósticos clínicos para evitar abusos.

La propuesta entrará a comisiones en los próximos días, donde se perfilará si el planteamiento se traduce en reforma educativa o queda en un gesto simbólico en la tribuna.