La reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán ha marcado un precedente al eliminar los beneficios de justicia alternativa para los casos más graves de crueldad animal. Carlos Maya, abogado especialista en derechos de los animales, señaló que con las nuevas sanciones, que oscilan entre los tres y ocho años de prisión, se ha superado la media aritmética de cinco años. Esto significa que los agresores que cometan actos de crueldad extrema ya no podrán evitar la cárcel mediante acuerdos reparatorios, como el pago de alimento o insumos, una práctica que anteriormente permitía la impunidad.

A pesar de este avance, el especialista advirtió que en Michoacán el robo de autopartes sigue siendo castigado con mayor severidad que la tortura animal en ciertos supuestos. La ley ahora distingue claramente entre “crueldad” -acciones directas para herir o matar, como envenenamientos o ataques con armas blancas- y “maltrato”, que se refiere a la omisión de cuidados. En este último caso, las penas de dos a cinco años aún permiten a los responsables recurrir a mecanismos alternos de justicia, lo que mantiene una brecha en la protección integral de los ejemplares.

Maya también denunció deficiencias en la técnica legislativa, como la clasificación de la violación animal dentro del rubro de maltrato y no de crueldad, lo cual minimiza el impacto del daño causado. Asimismo, señaló la inacción de la Secretaría de Medio Ambiente en sus responsabilidades de bienestar animal y la falta de facultades operativas en los municipios. Para el abogado, aunque el incremento de penas es un triunfo, el sistema aún requiere ajustes para garantizar que ninguna agresión quede sin un castigo proporcional a la violencia ejercida.