La Secretaría de Gobierno de Michoacán informó que continúa activo el plan de seguridad en la franja limítrofe con Jalisco, una región de carreteras agrícolas, comunidades rurales y tramos montañosos que conectan el occidente del estado con el corredor de Los Altos. Bajo la coordinación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla más de cien acciones y un despliegue de miles de efectivos de diferentes corporaciones, se busca contener incidencias delictivas, fortalecer la vigilancia territorial y proteger a la población ante posibles desplazamientos o ataques.
Municipios como Ecuandureo, Jiquilpan y Sahuayo han sido especialmente relevantes en los últimos días, no solo por hechos violentos atribuidos a grupos del crimen organizado relacionados con la escalada tras la operación federal contra cabecillas criminales en Jalisco, sino también porque algunas corporaciones municipales están bajo investigación por presuntos vínculos con la delincuencia, lo que subraya la complejidad del reto de seguridad en estas jurisdicciones.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha insistido en la coordinación con fuerzas federales y en la vigencia del Plan Michoacán, así como de un Plan Frontera que apoya a los municipios con vigilancia y despliegue de efectivos, incluso frente a escenarios complejos derivados de la violencia reciente en la región occidental del país. Señaló que más de doce mil elementos participan en estas labores de seguridad y resguardo de comunidades, con acciones que combinan presencia territorial, inteligencia y atención a causas estructurales de violencia.

La estrategia busca también mitigar el impacto social y económico que la violencia genera en la región, donde delitos como la extorsión y el robo afectan a la población y a la actividad productiva, en un contexto donde los estados limítrofes concentran una parte sustantiva del producto interno bruto nacional.

La presencia policial y militar se mantiene firme en los municipios fronterizos de Michoacán, con patrullajes, filtros de revisión y acciones preventivas, como parte de un esfuerzo continuo por garantizar la seguridad, la paz y la normalidad para la vida de las familias que habitan estas comunidades.