Michoacán acumuló 11 mujeres investigadas por el delito de aborto entre enero y abril de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los registros señalan que durante enero se contabilizaron dos casos, uno en febrero, seis en marzo y dos más en abril, manteniendo abierta la discusión sobre el acceso a este procedimiento y la aplicación de la legislación vigente en la entidad.
La directora de la organización Humanas sin Violencia, Circe López, señaló que una parte importante de las denuncias relacionadas con estos casos suele originarse dentro del entorno cercano de las mujeres involucradas o durante los procesos de atención médica. Indicó que familiares, parejas y, en algunos casos, personal de salud figuran entre quienes con mayor frecuencia notifican o dan vista a las autoridades ministeriales.
La activista explicó que actualmente el aborto en Michoacán mantiene condiciones específicas para su acceso legal, principalmente en situaciones previstas por la legislación vigente, mientras que la interrupción voluntaria del embarazo continúa contemplada dentro del Código Penal estatal. Esta situación deriva en la apertura de investigaciones cuando existen denuncias o reportes presentados ante las autoridades competentes.
Según la información disponible, las denuncias pueden generarse tanto por personas cercanas a las mujeres como durante procedimientos de atención en instituciones de salud. López señaló que resulta importante conocer con mayor precisión el origen de estos reportes para identificar las circunstancias que llevan a la apertura de carpetas de investigación y fortalecer los mecanismos de atención institucional.
Los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que marzo fue el mes con mayor número de investigaciones iniciadas durante el primer cuatrimestre del año, al concentrar más de la mitad de los casos registrados en ese periodo. Las estadísticas corresponden a víctimas vinculadas a carpetas de investigación por este delito en territorio michoacano.
Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres han señalado la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización dentro de las instituciones encargadas de brindar atención médica y acompañamiento, así como mejorar el acceso a información sobre los derechos reproductivos y los procedimientos contemplados por la legislación vigente.