En el comparativo, estados como Jalisco, Morelos y Guerrero superan el 96 por ciento, lo que refleja diferencias relevantes en la capacidad de los sistemas locales para investigar, judicializar y resolver delitos.

Michoacán fue ubicado como la entidad con el menor nivel de impunidad en México dentro del estudio Radiografía de la impunidad 2024, elaborado por México Evalúa, al registrar un índice de 67.68 por ciento. El promedio nacional se ubicó en 89.42 por ciento.

El indicador se construye a partir del desempeño institucional del sistema penal, es decir, mide qué ocurre con los casos una vez que ingresan a fiscalías y tribunales. No evalúa la incidencia delictiva ni la percepción de inseguridad.

En ese punto aparece el principal contraste. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Michoacán solo se denunció alrededor del 9.6 por ciento de los delitos. De ese universo, únicamente en una parte se inició carpeta de investigación, lo que deja una cifra negra superior al 90 por ciento.

Esto implica que la medición de impunidad se realiza sobre un subconjunto de delitos que sí logran entrar al sistema, mientras que la mayoría permanece fuera de cualquier proceso formal.

En términos de percepción, los datos también muestran un escenario distinto. La misma encuesta señala que más del 80 por ciento de la población adulta en Michoacán considera inseguro vivir en la entidad. En ciudades como Morelia y Uruapan, los niveles de percepción de inseguridad se mantienen elevados en mediciones recientes.

El informe de México Evalúa también presenta límites metodológicos. No incluye a la totalidad de las entidades del país por falta de información consistente en algunos estados, y se basa en registros administrativos, lo que puede reflejar diferencias en la calidad de captura y reporte de datos entre fiscalías.

A nivel nacional, el estudio advierte que la mayoría de los delitos no se denuncia y que una proporción mínima llega a una resolución efectiva, lo que mantiene la impunidad como un problema estructural del sistema penal.

El resultado de Michoacán muestra un desempeño relativo dentro de la comparación nacional en la operación del sistema de justicia, al mismo tiempo que convive con niveles altos de no denuncia y percepción de inseguridad.