El gobierno del presidente Donald Trump propuso una nueva normativa que permitiría a los jueces de inmigración imponer sanciones civiles de entre mil y 3 mil 500 dólares a migrantes, abogados y testigos que incumplan órdenes emitidas durante procedimientos migratorios en Estados Unidos.

La medida fue presentada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Migración del Departamento de Justicia y busca otorgar mayores facultades a los jueces para sancionar conductas consideradas como desacato dentro de las cortes migratorias. La propuesta permanecerá abierta a consulta pública durante 60 días antes de que pueda entrar en vigor.

Las multas podrían aplicarse cuando alguna de las partes involucradas persista en desobedecer instrucciones judiciales relacionadas con audiencias, presentación de documentos o comparecencias ante las autoridades migratorias. La regulación también contempla mecanismos para impugnar las sanciones impuestas.

La iniciativa ha generado cuestionamientos debido a que las sanciones no serían aplicables a los abogados que representan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, situación que ha sido señalada por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes.

Gregory Chen, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, calificó la propuesta como una medida sesgada y sostuvo que representa un nuevo intento por ejercer presión sobre quienes participan en los procesos migratorios ante las cortes estadounidenses.

En meses recientes, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado notificaciones de multas a miles de personas que permanecieron en territorio estadounidense después de recibir órdenes definitivas para abandonar el país. Algunas sanciones consideran cargos diarios por incumplimiento y han alcanzado montos millonarios.

Los tribunales de inmigración en Estados Unidos forman parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Departamento de Justicia cuenta con facultades para modificar diversos procedimientos administrativos mediante nuevas regulaciones.

Mientras concluye el periodo de consulta pública, ciudadanos y organizaciones podrán presentar observaciones sobre los alcances de la propuesta antes de que se determine su aprobación definitiva.