La situación de los mexicanos en Estados Unidos va más allá de las detenciones y deportaciones. Artemio Arreola, cofundador de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, advirtió que los operativos migratorios también pueden provocar separación familiar, pérdida de patrimonio, dificultades para acceder a una defensa legal y casos de perfilamiento racial.

El activista señaló que las autoridades migratorias pueden utilizar información sobre domicilios, empleos, infracciones de tránsito, procesos judiciales y actividades familiares para ubicar a personas que buscan detener. También afirmó que durante algunos operativos pueden ser detenidas otras personas que se encuentren en el lugar, aunque no fueran el objetivo inicial.

Otro problema señalado es el traslado de personas detenidas entre distintos estados, situación que puede dificultar el contacto con sus familias, la localización de expedientes y la contratación de abogados. Arreola sostuvo que estos movimientos también pueden generar complicaciones para acudir a citas o audiencias.

En materia de asistencia legal, cuestionó que los consulados mexicanos no cuenten con abogados suficientes para representar directamente a los connacionales y que muchas familias enfrenten dificultades económicas para contratar una defensa especializada.

Las consecuencias también alcanzan el patrimonio. Una deportación puede dejar en Estados Unidos viviendas, vehículos, herramientas de trabajo y otras pertenencias que las personas no siempre tienen oportunidad de trasladar a México. A esto se agregan dificultades para obtener documentos oficiales, particularmente en casos de hijos nacidos en Estados Unidos que buscan acreditar su nacionalidad mexicana.

Arreola también denunció posibles casos de perfilamiento racial contra mexicanos y latinos, incluso personas con ciudadanía estadounidense. Este tipo de prácticas ha sido documentado por organismos mexicanos como una forma de discriminación que puede derivar en detenciones arbitrarias.

Las denuncias se conocen mientras México mantiene atención sobre las consecuencias de los operativos migratorios en Estados Unidos. En julio, el Gobierno mexicano informó que presentó 20 denuncias relacionadas con la muerte de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.