El gobierno del presidente argentino de ultraderecha, Javier Milei, presentó un proyecto de ley que permite la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.

La iniciativa, que tiene como justificación la lucha “contra el terrorismo”, incluye mecanismos para el control de personas y vehículos considerados sospechosos, así como la autorización para realizar “detenciones en flagrancia”.

El proyecto también establece la creación de un comité de crisis, lo que, junto a otras decisiones del Ministerio de Seguridad Nacional, ha encendido alarmas en organismos de derechos humanos que critican la militarización de la seguridad pública en Argentina.

Milei ha argumentado que su administración busca promover la “reconciliación militar”, en un contexto en el que se están realizando gestiones para liberar a militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, delitos que no han prescrito y que siguen siendo objeto de investigaciones.

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De acuerdo con el proyecto, en caso de ser necesario, los militares deberán utilizar “medios materiales de coacción de forma disuasiva o efectiva” de manera “racional, progresiva y proporcional”.

Además, se estipula que sus acciones serán calificadas como “cumplimiento de deber” y, por lo tanto, no serán pasibles de sanciones penales.

La gravedad de la situación se agudiza por el hecho de que, mientras las fuerzas armadas deberían enfocarse en la defensa de la soberanía nacional, ahora se les otorgaría un papel en la represión interna, con las repercusiones legales que ello conlleva.

Lo anterior se suma al anuncio de la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial destinada al patrullaje cibernético, que implicaría la intervención de la vida privada de los ciudadanos al permitir el control y acceso a teléfonos, computadoras y otros dispositivos para obtener información, lo que podría desembocar en allanamientos y persecución política.