La ciudad colombiana de Cúcuta amaneció este viernes bajo un amplio despliegue militar y policial, luego de una serie de hechos violentos que incluyeron el asesinato de un aspirante a la Alcaldía y un atentado con explosivos cerca de la frontera con Venezuela.

La medida fue ordenada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien dispuso reforzar la presencia de las Fuerzas Militares para recuperar el control territorial y contener la actividad de organizaciones criminales en esta región fronteriza.

Como parte del operativo, se incorporaron 324 militares y alrededor de 150 policías a las labores de vigilancia en el área urbana. Con estos refuerzos, las autoridades prevén mantener aproximadamente 824 soldados de manera permanente en la ciudad, además de entre 100 y 150 elementos policiales adicionales.

Entre los hechos que motivaron la intervención se encuentra el asesinato a tiros de Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno y aspirante a la Alcaldía de Cúcuta, ocurrido el lunes pasado. El político fue atacado cuando viajaba sin escolta junto a su hijo.

Un día después, la explosión de un artefacto cerca del puente internacional que conecta Colombia con Venezuela dejó seis personas heridas, entre ellas cuatro civiles y dos policías, de acuerdo con los reportes iniciales.

El despliegue militar fue recibido con respaldo por parte de habitantes y comerciantes entrevistados durante recorridos por la ciudad, quienes señalaron que la presencia de soldados en calles y zonas comerciales les proporciona mayor sensación de seguridad ante los robos, homicidios y extorsiones.

La estrategia de seguridad contempla una segunda fase a partir del próximo 3 de noviembre, cuando entrará en operación el dispositivo Esparta, con el objetivo de combatir las estructuras criminales y desarticular sus fuentes de financiamiento, particularmente las relacionadas con actividades ilícitas en los pasos fronterizos informales.

Cúcuta se encuentra en el departamento de Norte de Santander, una zona que comparte más de 2 mil 200 kilómetros de frontera con Venezuela y donde operan grupos armados vinculados con el narcotráfico, el contrabando y la extorsión.