Cuatro de cada diez familias en México no habitan una vivienda propia, y entre los hogares con menores ingresos, el alquiler puede consumir hasta un tercio de sus ingresos recurrentes, limitando la capacidad para cubrir otras necesidades básicas como salud, educación, transporte y alimentación.

Así lo revela la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), uno de los instrumentos más relevantes del Inegi para medir desigualdades estructurales.

El ejercicio 2024 de la ENIGH muestra que apenas 59.4 por ciento de las familias tienen casa propia, 10.4 por ciento la están pagando, 15.7 por ciento viven en renta, y el resto habita en domicilios prestados, en litigio o en condiciones irregulares.

Más de 6.3 millones de hogares mexicanos pagan renta, y entre los más pobres, el gasto por este concepto representa hasta 32.6 por ciento del ingreso total.

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La adquisición de una vivienda resulta inalcanzable para 80 por ciento de las familias con ingresos bajos. De hecho, en todos los deciles económicos, excepto el de mayor ingreso, se gasta más dinero en rentas que en hipotecas.

Sólo en el decil más alto, el 15.2 por ciento del ingreso se destina a pagar hipotecas, frente a un 11.5 por ciento dedicado a rentas.

Más allá de los servicios o la calidad del inmueble, la tenencia de la vivienda es clave para definir el derecho a una vivienda adecuada, según la ONU. A pesar de que la Constitución mexicana reconoce ese derecho, las cifras evidencian que sigue siendo un privilegio limitado por las profundas brechas económicas del país.

Para agosto de 2025, organismos civiles y académicos han pedido reorientar el gasto público para impulsar programas de acceso a vivienda digna, en particular para los deciles más bajos de ingreso.