Ministra Norma Piña pide aumento de 4 % al presupuesto del Poder Judicial
evangelio | 28 agosto, 2023

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, solicitó un aumento real de 4 % al presupuesto de 2024, ya que considera que recortar el recurso al Poder Judicial pondría en riesgo el Estado de derecho en México.

En 2023, la SCJN recibió 5 mil 630 millones 534 mil pesos, por lo que un aumento de 4 %, que en términos reales es de 225 millones 221 mil 360 pesos, dejaría un presupuesto en 2024 de 5 mil 855 millones 755 mil 360 pesos.

En el caso del Poder Judicial, en 2023 recibió 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos; el aumento de 4 % dejaría un presupuesto en 2024 de 80 mil 646 millones 270 mil 771 pesos, que es 3 mil 101 millones 779 mil 645 pesos más.

“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino [que] nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, advirtió la ministra Piña.

La ministra se reunió con miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, afirmó la también presidenta del CJF.

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Argumentando que el presupuesto solicitado es equivalente a 1.8 pesos por mexicano, Norma Piña llamó al Congreso de la Unión a cumplimentar la solicitud para que la SCJN pueda desarrollar sus responsabilidades.

Los ministros de la SCJN han sido criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador por ganar más que él (136 mil pesos contra 286 mil pesos), contraviniendo lo que marca la Constitución, o tener privilegios económicos más allá de lo laboral.

O bien, la más reciente: que el ministro Luis María Aguilar Morales guardó un expediente durante ocho meses sobre un impago de impuestos de parte de Grupo Salinas, pero en cuestión de días amparó a Chihuahua y Coahuila para evitar que se distribuyeran libros de texto.

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