Las autoridades del Minnesota presentaron este martes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump ante una corte federal para exigir el acceso a pruebas relacionadas con tres tiroteos realizados por agentes federales, incluidos los homicidios de Renee Good y Alex Pretti. La denuncia acusa al gobierno federal de incumplir su promesa de cooperar con investigaciones estatales tras la llamada Operación Metro Surge, y pide al tribunal que ordene el cumplimiento de esa cooperación.

El texto legal sostiene que el gobierno federal no puede “retener pruebas de investigación con el propósito de proteger a agentes del orden del escrutinio cuando un estado investiga posibles violaciones graves de sus leyes penales, que tienen como objetivo a sus ciudadanos dentro de sus fronteras”. Las autoridades buscan que se obligue al Ejecutivo a entregar la evidencia necesaria para avanzar en las investigaciones a nivel estatal.

La Operación Metro Surge fue una ofensiva de inmigración en la zona de Minneapolis y Saint Paul, en la que el gobierno federal desplegó miles de agentes de diversas agencias, incluido el United States Immigration and Customs Enforcement, para reforzar medidas migratorias. Durante esa operación se reportaron enfrentamientos entre agentes y civiles, así como protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

En enero pasado, un agente de ICE disparó y mató a Good en Minneapolis, mientras que Pretti, enfermero, fue asesinado días después por agentes vinculados al operativo. Estos hechos generaron protestas en la región y exigencias de mayor transparencia y rendición de cuentas sobre la actuación federal.

Los demandantes, entre ellos el fiscal general de Minnesota, señalan que la falta de acceso a evidencia clave bloquea las investigaciones independientes que buscan determinar si hubo violaciones penales bajo la ley estatal. El caso ha atraído atención nacional y plantea tensiones entre las autoridades estatales y federales sobre jurisdicción y responsabilidad en incidentes que involucran a fuerzas del orden.

La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Columbia, donde los fiscales estatales solicitan no solo el acceso a las pruebas, sino también medidas judiciales que garanticen la colaboración en curso en las pesquisas sobre los tiroteos.